viernes, 8 de mayo de 2015

POLÍTICOS VOLUBLES, EXTERNALIZACIÓN SANITARIA EN CUARENTENA… POCAS GANAS DE EVALUAR Y NINGUNA DE RECTIFICAR


Ahora nadie parece defender la externalización-privatización de servicios sanitarios… curiosos cambios que producen las elecciones en los agentes políticos y sociales… hagamos una breve reflexión sobre preferencias de la política en ausencia de evaluación de las políticas-



La necesaria evaluación de las políticas para generar conocimiento e iluminar el buen gobierno.

Lo malo de los debates entre decisores políticos es que suelen substanciarse sin argumentación técnica. Son como preferencias y fobias que hacen que algunos problemas y soluciones suban y bajen sin que nadie acabe al final sabiendo bien porqué; como las modas.

A diferencia de los ensayos científicos, donde la validez, fiabilidad y replicabilidad ayudan a fijar el conocimiento basado en pruebas (evidencia), los experimentos naturales no pueden ser objeto de este mismo modelo, ni se benefician de similar certidumbre. Saber si un antibiótico funciona o no para un tipo de micro-organismos es laborioso pero posible; saber si una política como la colaboración público-privada en sanidad, o la externalización de servicios,  aportan efectividad, calidad, seguridad, equidad y eficiencia social… esto es mucho más difícil.

Difícil, sí; pero no imposible. Pero para hacerlo se precisa querer y actuar.

  • ·         ¿Querer evaluar?... “EVALUAR NO ES DE COMPAÑEROS, como dice el aforismo”; Meneu habla de que España somos expertos en “experimentos a prueba de fallos” para referirse a iniciativas que emprenden las autoridades, que ilusionan a los políticos, que son defendidas como señas de identidad (modelo Alzira, modelo Madrid, modelo Kaiser, modelo… ) y que si se demostrara que no funcionan (o que no producen los pretendidos milagros) se vendría abajo el castillo de naipes que se ha montado encima. Por lo tanto las instituciones no pueden permitir que se sepa que no funcionan… a prueba de fallo.

  • ·         ¿Actuar para evaluar?... significa que para saber si una política o modelo funciona, hay que hacer algo más que no ocultar información o no mirar; hay que buscar medios para comparar, diseños evaluativos y con frecuencia información que no se recoge regularmente; ¡ah!, y encargar a expertos que lo hagan, dándoles un espacio de autonomía y libertad de cátedra, acceso a información, recursos para investigar y tiempo razonable. A veces se necesita incluso diseñar la evaluación a la vez que las políticas… porque hay que monitorizar los cambios antes y después…


Sin embargo resulta esencial la investigación evaluativa de las políticas públicas: porque es la única forma de generar conocimiento y escalar por la dura cuesta de la validez en ciencias políticas y sociales. En su ausencia todo se vuelve opinable, y los debates giran hacia el tertulianismo; cuando falta la evidencia se puede uno aproximar al conocimiento heurístico también a través de los expertos y los consensos; pero con demasiada frecuencia los sillones son capturados por expertos multiuso, cortesanos de políticos o grandes compañías; y casi es peor el remedio que la enfermedad.

En nuestro medio son muy amplios los costes de interferencia política (politización de la gestión y de la profesión) y los costes de influencia de agentes económicos en las decisiones colectivas (lobby, cohecho y puerta giratoria). Además, para que se puedan investigar y evaluar políticas hace falta una infraestructura científica: no muy cara ni numerosa, pero sí suficiente, con medios, información y autonomía de pensamiento. Y obviamente, su inexistencia fáctica ayuda a aplicar elegantemente en precitado aforismo de “evaluar no es de compañeros”.

Esto nos lleva lamentablemente a modelos de debate tipo “sálvame” de Telecinco, donde supuestos expertos fajados en subir la voz cuando falta información o en descalificar al adversario cuando no hay evidencia, ocupan el espacio colectivo produciendo un ruido que nos impide pensar… y también que objetivamente bloquea el avance y mejora de los importantes problemas que tenemos encima de la mesa.

El caso de las políticas de colaboración público-privada

Tras varias legislaturas muy duras con el debate de la externalización de servicios, particularmente en las CCAA de Madrid y Valencia, ocurren varios fenómenos curiosos y contradictorios que condicionan un cambio de ciclo…

  • En Madrid, la marea blanca presionó contra la externalización; de manera muy fuerte; no sabemos si la presión fue suficiente para vencer una coalición tan potente entre políticos del PP de Madrid totalmente entregados a sacar de la espera pública a 6 hospitales, en coalición con grupos empresariales y bancos muy comprometidos en la operación financiera. Formalmente fue una sentencia lo que lo paralizó, basada en la forma chapucera e ilegal con la que se condujo el proceso (habría que reflexionar sobre las razones de tanta mediocridad en los cargos técnicos de confianza que no saben hacer bien ni siquiera las maldades más básicas que les encargan). Y la proximidad electoral hizo inviable volver a intentarlo…
  • En  Valencia creo que lo que ocurrió fue el resultado de la desmesura; no sólo en la corrupción, sino en el ocultamiento de información… acabamos de ver cómo la Unión Europea ha estrenado la acción de multa por falsear estadísticas, precisamente por los engaños de la sanidad valenciana. La fuga hacia adelante lleva a crear un universo irreal, donde lo único claro es el cortoplacismo y el “coge el dinero y corre”. En realidad en Valencia hubo un colapso institucional y social, más que un fallo de modelos.


Curiosamente, el recurso más serio contra la externalización, promovido por senadores del PSOE ante el Tribunal Constitucional acaba de naufragar hace pocos días. Cosa lógica por dos razones: porque la Ley 15/1997 de nuevas formas de gestión hizo una habilitación atolondrada y desmesurada, que fue usada por los desmanteladores de la sanidad pública para meter el negocio en el Sistema Nacional de Salud; y porque los jueces del constitucional no parece que tengan muchas ganas de complicarse la vida con dilemas, y se lo pasan a los legisladores…

Y ahora… ante las elecciones autonómicas y municipales de 24 de mayo, resulta que nadie defiende la externalización, ni la de bata blanca (PPP) ni la de bata gris (PFI); la candidata del PP en Madrid, Cifuentes, dice que las empresas públicas de los 6 hospitales con PFI las incorporará a la gestión directa; Ciudadanos quiere incluso revertir los cuatro PPP; el resto de los partidos… exige el cumplimiento de contratos, la auditoría y la renegociación.

No es extraño el abatimiento de los empresarios: no sólo por la posible derrota electoral de sus políticos preferidos; sino por la “traición” pre-electoral de los suyos, que deja un erial donde será impracticable una extensión del modelo que no contradiga de forma expresar las promesas electorales (y los votantes están mucho más suspicaces ahora de los incumplimientos palmarios de promesas).

Los empresarios del Círculo de Sanidad expresaban con abatimiento y estupor este abandono en tropel de la colaboración público privada: “está demasiado ideologizado… esa politización ha generado un estado de opinión que exige un rearme moral por parte del tejido empresarial que contrata con la Administración… la externalización de servicios no es ni buena ni mala, es una solución útil… está cada vez está más presente en las tendencias normativas de los principales países europeos

Aunque de manera rústica (ideología, politización…) expresan de forma clara su disgusto tanto por la estampida de los políticos que les acompañaban, como por la falta de argumentación, que no sólo genera incertidumbre, sino que afianza el riesgo regulatorio y la inseguridad jurídica con la que los empresarios desean contar en sus relaciones con la administración. Quizás habría que decirles que el que a hierro mata a hierro muere… pero esto sería un poco cruel. En todo caso, saquemos como lección que la relación entre instituciones y empresas, al ser necesaria, debe basarse en principios de buen gobierno.

Y de cara al futuro, para que todos nos llevemos bien, exista seguridad jurídica y se tomen decisiones con argumentos de efectividad, calidad, seguridad, eficiencia, desde el conocimiento, y no desde los intereses o las ocurrencias, toca hacer dos cosas:

a) Modificar las leyes que permiten la piratería y recompensan conductas aventureras y corsarias, y cambiarlas por otras que promuevan la justa relación contractual entre las autoridades públicas y las empresas privadas: un ejemplo… no parece razonable que una simple mayoría de gobierno pueda hipotecar inversiones para la siguiente generación o dejar los suministros o servicios (luz, mantenimiento, etc.) vinculados por diez o más años a una empresa. ¿Qué tal si para estas hipotecas de futuro se pidiera mayoría cualificada, o hubiera un arbitraje externo sobre el valor añadido de la externalización?

b) Crear infraestructura de investigación y evaluación de políticas públicas, independiente y legitimada, con recursos y con encargos de evaluar lo que se hace o lo que se ha hecho; y para ello el famoso principio de la transparencia: 

QUE TODA INFORMACIÓN GENERADA CON DINERO PÚBLICO SEA DE DOMINIO PÚBLICO… salvo que afecte a la privacidad de las personas (pacientes en nuestro caso)… Y SIEMPRE CON LA CARGA DE LA PRUEBA RECAYENDO EN QUIEN PROPONE VELAR LA INFORMACION.


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