domingo, 29 de enero de 2017

Los intratables conflictos de las organizaciones profesionales: a propósito de las Urgencias del Hospital de Segovia


No creo que tenga solución fácil el conflicto de las Urgencias del Hospital General de Segovia; iniciado con la renuncia de Mónica Lalanda por condiciones de trabajo que consideraba injustas e inaceptables; complicado por las posibles interpretaciones de maltrato; amplificado por las redes sociales; escalado por denuncia ante el Colegio de Médicos del responsable que se siente ofendido; e inevitable como procedimiento que no puede ser obviado por las normas  de instrucción deontológicas.

El conflicto también es intratable porque (y esto es de mi cosecha) los litigios inter-profesionales que se dan en contextos organizativos complejos no son resolubles debito a que no están todos los agentes implicados (¿y la administración que pone a presión a todos con la precarización y la falta de medios?), y porque falta “distancia terapéutica” para juzgar los hechos y los contextos dentro de la propia profesión médica provincial.

En mi experiencia de casi dos años llevando todos los expedientes disciplinarios de médicos de Madrid, aprendí que los conflictos entre profesionales dentro de organizaciones jerárquicas siempre llevan a pierdo-yo, pierdes tú, y perdemos todos.  Porque, una cosa es el juicio moral y otra es el procedimental; y, como ocurre en la justicia ordinaria, lo relevante es lo que se puede demostrar; y es ahí donde no hay simetría entre la virtud y la justicia; peor aún, con frecuencia la parte con más razón moral, puede perder los nervios y acabar actuando contra sus propios intereses dejando un reguero de elementos que jugarán en su contra. Nada particularmente nuevo bajo la faz de la tierra.

Mónica parece estar dolida; por la tibieza de los que creían sus personas más próximas, muchos dentro del mundo colegial médico; pero ésta presunta tibieza puede venir de la visión anticipada de las complicaciones actuales y futuras; puede ser por la mayor clarividencia de tener la mencionada “distancia terapéutica”: hay aprecio personal y profesional, pero hay también preocupación por los nubarrones legales que se visualizan. 

El fracaso de una mediación ensayada no ha ayudado a consolidar vínculos precisamente. Y, finalmente, el mundo colegial no puede dejar de sentir precaución ante el posible deterioro de sus instituciones, al someterlas a este tipo de “stress test” de imposible resolución feliz.

Pero también puede estar confundida por el apoyo entusiasta de gentes diversas: del precariado médico, sensibilizado contra el establishment profesional; del mundo sanitario que simpatiza con los débiles y abomina del gerencialismo inclemente; de un colectivo que de forma conspicua busca en cualquier problema colegial un argumento adicional para proclamar la necesidad de acabar con la colegiación obligatoria; y, finalmente, de un amplio colectivo político y social que desde la cultura del activismo social y profesional se adhiere a causas en función de la identificación con el más débil o con menos poder.

Hay que recordar que la cultura del activismo social y sanitario es importante; permite incluso detener decisiones muy lesivas (marea blanca contra las privatizaciones de Madrid); pero su formato “adversarial” no permite formular en positivo los cambios necesarios, ni puede ser alternativa al trabajo de construcción y reforma de las instituciones y organizaciones.  

Bien; este es el tamaño del problema; ¿coincide con el tamaño de la solución?: la inmolación en una gran batalla final es sólo un espejismo; al final todos salen perdiendo. Para mí está claro que tocaría de forma inmediata hacer una mediación (una segunda, o una tercera si fuera necesario) y encontrar una fórmula que permitiera restaurar la relación y sacar el conflicto de la vía (o vías) disciplinarias.

Además, creo que deberíamos reflexionar sobre la pertinencia de lo deontológico para juzgar problemas que se dan en contextos organizativos públicos (donde la autoridad administrativa tiene un poder dominante); porque además, lo deontológico y lo administrativo configuran universos desacoplados, como demuestra que una decisión de suspensión de colegiación tenga un controvertido o nulo efecto en la relación de empleo con centros del Sistema Nacional de Salud.

Junto a esto, se trataría de buscar alternativas “preventivas” a los conflictos; por ejemplo, que ante situaciones de gran tensión organizativa, un colegiado pueda solicitar la mediación de su colegio para interceder ante las autoridades gerenciales o clínicas a efectos de evaluar posibles situaciones injustas o inaceptables.

Y, por supuesto, en un plano más general habría que afrontar los problemas de base que añaden presión al sistema público de salud: recursos económicos, humanos, organizativos y de gobierno... sin ellos, cualquier gestor general o clínico se encuentra ante el antipático reto de tener que internalizar las restricciones y actuar como si fuera él el propio racionador ante sus compañeros.

¿Podremos sacar algo positivo de todo esto? Lo dudo mucho; pero al menos habría que minimizar daños y evitar tanto las sanciones como la deslegitimación de personas e instituciones.


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