jueves, 16 de mayo de 2013

El RDL 16/2012: Un año después


Publico este trabajo a petición de mi compañero Alberto. No puedo estar más de acuerdo con sus comentarios sobre el RDL de la contra-reforma. 
Repu


El RDL 16/2012: Un año después

Dr. Alberto Infante
3-05-2013


Contradiciendo casi todas sus promesas electorales, durante sus quince meses de gestión, el Gobierno del PP ha efectuado la mayor subida de impuestos de la democracia; ha aprobado una reforma laboral que abarata el despido y facilita la bajada de los salarios; ha inyectado sustanciales cantidades de dinero público para salvar Bankia y otras entidades financieras descapitalizadas por sus gestores; ha aprobado una amnistía fiscal cuando menos “polémica”; ha recortado el gasto público en una magnitud sin precedentes (incluyendo una bajada de los ingresos de los empleados públicos); y ha congelado las pensiones.

Formando parte de estas políticas, el 20 de abril de 2012, el Gobierno aprobó el RD Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Esta medida instrumentó el anuncio efectuado pocos días antes por el Presidente del Gobierno, según el cual habría un recorte en el gasto, adicional al incluido en el PGE para 2012, de 10.000 M€ (7.000 en Sanidad y 3.000 en educación).

Los efectos acumulados de estas políticas son conocidos: el número de parados y la tasa de paro han aumentado hasta niveles nunca vistos (6.2M y 27,16% de la PA); el objetivo de déficit público – el gran “justificador” de esta política - no se ha cumplido (roza el 7% y sería el 10% incluyendo las ayudas a la Banca); el PIB no cesa de caer (- 0,5% en el último trimestre y un 2% acumulado desde la llegada de este Gobierno); la deuda pública ha seguido creciendo (87% PIB en febrero 2013; y la prima de riesgo, cuya evolución en los últimos meses se presenta como un “gran logro”… se mantiene en niveles similares a los que estaba cuando el PP llegó al Gobierno. Las expectativas son desalentadoras y el último cuadro macroeconómico elaborado por el Gobierno acepta que acabaremos la legislatura en recesión y con más de 6 M de parados.

El RDL 16/2012 perseguía dos objetivos fundamentales: ahorrar (los famosos 7.000 M€ en gasto sanitario público), y modificar las bases sobre las que asienta el SNS (regresando desde un sistema de cobertura universal basado en la residencia y el pago de impuestos a otro de aseguramiento gestionado por la seguridad social).

Un año después, es difícil cuantificar hasta qué punto la norma ha logrado el primero de ellos. Datos preliminares apuntan a que se han conseguido ahorros en el gasto público en medicamentos (por la vía de transferir ese gasto a los pacientes – se excluyeron de la financiación en torno a 400 medicamentos y se aumentaron los copagos, especialmente a los pensionistas con un tipo general del 10% - y a las empresas –  modificando los precios de referencia), y en otroprótesis,  dietoterápicos y transporte sanitario (de nuevo, aumentando las aportaciones de los usuarios). Estos ahorros difícilmente serán de la magnitud esperada (unos 3.500M en 2012), y en cambio han generado confusión, aumento de la burocracia interna y más inequidad en el acceso a estas prestaciones.

Respecto al segundo, y tras varias rectificaciones parciales, su traducción más evidente hasta ahora ha sido la perdida del derecho a la atención sanitaria (salvo para la atención materno infantil y las urgencias) de los emigrantes irregulares y de aquellos ciudadanos no afiliados a la Seguridad Social con ingresos anuales superiores a 100.000€. El ahorro anual máximo estimado de esta medida se situó en su momento en torno a 250M anuales (muy lejos de los 1.000 M publicitados por el Ministerio que confundió interesadamente “emigrantes” con turistas sanitarios) y probablemente será menor (aunque solo sea porque, afortunadamente, ni todas las CCAA ni todos los profesionales lo están aplicando con la misma severidad). Pese a lo anunciado, a día de hoy el Gobierno no ha dispuesto ningún mecanismo alternativo para la atención de este colectivo.

Teniendo en cuenta que uno de los pocos elementos virtuosos para el control del gasto establecidos en él (la “central de compras”) camina a ritmo muy lento, es poco probable que, pese a sus manifiestos efectos negativos para la equidad, el RDL vaya a lograr sus objetivos de control del gasto.
Por último, hay que recordar que por distintos motivos seis Comunidades Autónomas (Asturias, País Vasco, Navarra, Cataluña, Andalucía y Canarias) lo han recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Pero no esperemos que el Gobierno lo reconozca. Primero porque otras medidas no contempladas en el RDL (reducción de retribuciones en los PGE; reducción de servicios y de personal de salud y cobro de un euro por receta en varias CCAA) van en la misma dirección, y es muy difícil separar los efectos de unas y otras… sobre todo si quien puede no tiene interés en hacerlo. Y segundo porque ni siquiera es seguro que, dada la evolución del contexto indicado más arriba, no se vayan a producir nuevos recortes. Lo único seguro  - tal como la situación creada en la sanidad madrileña demuestra – es que, con la crisis como coartada, la ofensiva para privatizar el SNS continuará. Por el momento, solo queda trabajar para evitarlo.

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