miércoles, 20 de febrero de 2013

Mal en sanidad: extranjeros no + privatización si


Mal balance en sanidad del discurso del estado de la nación (en minúsculas, tal y como ha ido).

Porque siguen excluidos los extranjeros sin permiso de residencia; sólo nos hemos olvidado de ellos; merece la pena ver el meritorio artículo de El País de hoy referido a esta vergonzosa mancha moral de la política de 2012.


Porque, siguiendo con lo anterior, aún no se ha “inventado” la póliza que permite asegurarse en la sanidad pública: esa opción de 710 euros que anunció el gobierno para que los extranjeros excluidos pudieran pagárselo. Aquí, como en las tasas judiciales de Gallardón, se nota la incompetencia técnica palmaria de la Administración General del Estado, para hacer cualquier cosas que no sea cerrar el grifo presupuestario o salarial. Esperemos, que como en el caso de las tasa judiciales, haya un paso atrás, y que al menos abaraten esta póliza…

Y porque, teniendo enormes problemas con ajustes o recortes, algunas CCAA nos meten en el charco de dar de comer a las constructoras y a la sanidad privada. La privatización, dice Rajoy, es cosa de las autonomías, en el uso de sus competencias; y para meter el dedo en el ojo a Rubalcaba, señala que en Andalucía se aplica el “Y TÚ MÁS”.

Pero se equivoca en dos cosas; la primera es que no todas las formas de gestión que no son por el modelo administrativo son privatizadoras. Si levantamos el velo de la propiedad, detrás de la inmensa mayoría de consorcios, fundaciones, entes y empresas públicas se encuentra la misma autoridad sanitaria que contrata, manteniendo el control de la propiedad y el rumbo estratégico del centro. Pero en la externalización con privatización de la provisión, encontramos empresas, accionistas y a veces, fondos especulativos de tierras lejanas. ¡Es el ánimo de lucro, idiota!, cabría decir parafraseando a Clinton.

Y la segunda cosa es que sí que se trata de un problema del gobierno central: cuando se está perdiendo el control económico, sanitario y estratégico de la sanidad en varias CCAA, se debe intervenir; si no ya podemos irle cambiando el nombre: Sistema Regional Fragmentado de Salud, en vez de Sistema Nacional de Salud.

Toca ir pensando en una Ley de Ciudadanía Sanitaria, que arregle el estropicio de la indefinición de derechos y la exclusión de seres humanos, y otra Ley de Estatuto del Servicio Público de Salud, que arregle el estropicio de la gestión institucional y de los profesionales. Este es, al menos para mí, el trabajo reformista pendiente para salir de nuestra particular crisis.

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