Porque siguen excluidos los extranjeros sin permiso de
residencia; sólo nos hemos olvidado de ellos; merece la pena ver el meritorio
artículo de El País de hoy referido a esta vergonzosa mancha moral de la
política de 2012.
Porque, siguiendo con lo anterior, aún no se ha “inventado”
la póliza que permite asegurarse en la sanidad pública: esa opción de 710 euros
que anunció el gobierno para que los extranjeros excluidos pudieran pagárselo.
Aquí, como en las tasas judiciales de Gallardón, se nota la incompetencia técnica
palmaria de la Administración General del Estado, para hacer cualquier cosas
que no sea cerrar el grifo presupuestario o salarial. Esperemos, que como en el
caso de las tasa judiciales, haya un paso atrás, y que al menos abaraten esta
póliza…
Y porque, teniendo enormes problemas con ajustes o recortes,
algunas CCAA nos meten en el charco de dar de comer a las constructoras y a la
sanidad privada. La privatización, dice Rajoy, es cosa de las autonomías, en el
uso de sus competencias; y para meter el dedo en el ojo a Rubalcaba, señala que
en Andalucía se aplica el “Y TÚ MÁS”.
Pero se equivoca en dos cosas; la primera es que no todas
las formas de gestión que no son por el modelo administrativo son
privatizadoras. Si levantamos el velo de la propiedad, detrás de la inmensa
mayoría de consorcios, fundaciones, entes y empresas públicas se encuentra la
misma autoridad sanitaria que contrata, manteniendo el control de la propiedad
y el rumbo estratégico del centro. Pero en la externalización con privatización
de la provisión, encontramos empresas, accionistas y a veces, fondos
especulativos de tierras lejanas. ¡Es el ánimo de lucro, idiota!, cabría decir
parafraseando a Clinton.
Y la segunda cosa es que sí que se trata de un problema del
gobierno central: cuando se está perdiendo el control económico, sanitario y
estratégico de la sanidad en varias CCAA, se debe intervenir; si no ya podemos
irle cambiando el nombre: Sistema Regional Fragmentado de Salud, en vez de
Sistema Nacional de Salud.
Toca ir pensando en una Ley de Ciudadanía Sanitaria, que
arregle el estropicio de la indefinición de derechos y la exclusión de seres
humanos, y otra Ley de Estatuto del Servicio Público de Salud, que arregle el
estropicio de la gestión institucional y de los profesionales. Este es, al
menos para mí, el trabajo reformista pendiente para salir de nuestra particular
crisis.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.