Todos se equivocan menos Lasquetty

Me gustaría llegar a tener la certidumbre y seguridad en sí mismo que exhibe y derrocha el Consejero de Salud de Madrid, Sr. Fernández-Lasquetty.

Este señor lidera un amplio plan de externalización-privatización de hospitales que no tiene precedentes en España (ni fuera). Cuando le aplauden por ello, se jacta de ser un gran innovador, a fuer de liberal consecuente. Cuando le llueven las críticas se refugia en lo contrario, aduciendo que no es una novedad, y que todos, particularmente los socialistas andaluces, hacen lo mismo, aunque de forma vergonzante. Pero tiene razón cuando afirma que nadie se ha atrevido a realizar antes un proceso de traspaso de activos del ámbito público al privado, de la importancia cuali-cuantitativa  que tiene esta reforma (más de un millón de madrileños afectados directamente, y un 18% de la población).

La diferencia entre una innovación y una ocurrencia no está clara. Pero no parece que esta decisión se madurara ni política ni técnicamente. De hecho, en el programa electoral de 2011 no había ni rastro; en aquel año el “Modelo Madrid” se exhibía con orgullo, y consistía en mostrar los nuevos hospitales mixtos que combinaban una empresa pública sanitaria con una empresa privada para servicios generales externalizados. Y también de la libre elección absoluta, por la cual era el paciente el que decidía en qué hospital deseaba ser atendido. 

Lo que fue motivo de orgullo en 2011, se olvida y niega en 2012 con el llamado “plan de sostenibilidad” de diciembre. Los hospitales mixtos ya no valían y había que pasar la empresa pública a la gestión privada a toda velocidad; y se establecía un contrato capitativo que actuaba de “corralito” para el encuadramiento de la población en relación al hospital externalizado, otorgándole el control económico de todo su gasto sanitario.

Cuando se pregunta a los políticos del Partido Popular de Madrid sobre esta súbita conversión a la “externalización”, las respuestas van desde lo ideológico (preferencia política respaldada por la mayoría absoluta) a lo pragmático (por la crisis y el maltrato fiscal que España hace con Madrid que lleva a hacerlo a regañadientes y como medida de ajuste). En ambos casos, la pertinencia de la medida debe ser juzgada por datos de eficiencia social (gasto en función de resultados en salud, servicios, calidad y satisfacción). El brusco y radical cambio exige, además, que la carga de la prueba sea aportada por quien quiere introducir estas trasformaciones. Y la debilidad e inconsistencia de la información económica ha sido clamorosa a lo largo de este proceso tan tortuoso como conflictivo.

La radicalidad de las medidas, las prisas, y el desinterés por dar explicaciones (es lo que tienen las mayorías absolutas) llevó a un rechazo enorme a las medidas de reforma, que tuvo varias señales distintivas: unificó a toda la oposición política, las organizaciones sindicales, y, además, reclutó masivamente a trabajadores sanitarios que plantearon una movilización sostenida (marea blanca) y activó un insólito movimiento de médicos.

La movilización médica fue masiva e incluyó tanto a los jóvenes como a los más mayores. Para los más jóvenes, posiblemente fue la gota que colmó el vaso de la proletarización profesional y el maltrato laboral: simplemente les parecía inaceptable la perspectiva de pasar de depender de directivos apacibles en los hospitales públicos, a tener como jefes a empresarios comerciales hiperactivos, que buscan el beneficio y tienen instrumentos reales de penalización laboral o despido. La convicción de que la buena medicina precisa de alternativas distintas a una meso-gestión recrecida, con el peligro de comportamientos inclementes por el ánimo de lucro, lleva a la protesta masiva y a la alianza con los pacientes, que son los que también y en mayor medida están en situación de riesgo ante los sesgos de las nuevas reglas de juego.

Los médicos mayores, muchos de ellos protagonistas de la gran modernización de los años 70 y 80 de la medicina hospitalaria española (hoy en la recta de la jubilación), se muestran cada vez más enfadados por el maltrato profesional y la erosión de los servicios de sus queridos (y también criticados) hospitales. En efecto, ya la operación de apertura de hospitales nuevos desde 2007 se produce en buena medida favoreciendo la movilidad desde los grandes hospitales de Madrid: en algunos casos es correcta y corrige sobredotaciones; pero en otros casos se desviste a un santo para vestir a otro.

Y esta dinámica se generaliza, y va consolidando la tendencia a usar los grandes hospitales como sumidero de entropía del sistema; todo lo que falta o sobra de los nuevos hospitales se coge o se tira de los grandes. La crisis presupuestaria desde 2010 lo agrava: porque los centros en régimen de concesión tienen blindado su presupuesto, y por ello las reducciones deben hacerse con los centros de gestión directa (les toca su parte y la de los vecinos). El enfado es evidente, lo que lleva en período pre-electoral a que la Consejería de Salud monte un extraordinario proceso de participación de especialidades médicas para la creación de planes estratégicos; lo bueno es que esta vía mantiene entretenidos a los líderes profesionales; lo malo es que la desatención posterior a su trabajo y esfuerzo conduce a la desilusión y la hostilidad; y este malestar es finalmente cosechado cuando se anuncia el plan de sostenibilidad, con privatizaciones no anunciadas, y con medidas tan estrafalarias como la conversión del Hospital de la Princesa en un insólito geriátrico de alta especialización.

La desafección de la profesión médica se completa con una jubilación exprés en 2013 de los auténticos pioneros de la sanidad pública española, cuya prórroga de jubilación queda abortada de un día para otro, y sin ningún tipo de consideración o agradecimiento a su contribución. Un daño injusto e innecesario.   

Con este bagaje, y contra viento y marea, la Consejería persevera en lanzar unos pliegos para el concurso de externalización-privatización. Su lectura detallada produce mayor preocupación, porque evidencia una enorme improvisación, y crea riesgos claros para las finanzas y el servicio público. Por ejemplo, plantea un curioso modelo capitativo, en el cual las empresas adjudicatarias pasan a custodiar todo el gasto sanitario público de la población protegida que se le asigna; las áreas sanitarias que quedaron abolidas en 2009, reaparecen ahora como método de asignación de recursos económicos; como son hospitales pequeños, la parte del per-capita que usa el hospital (pacientes del área atendidos en su hospital) no es muy grande, y deja una fuerte suma de dinero para compensar las derivaciones a otros hospitales (pacientes del área, atendidos en otro hospital); esta suma de dinero la retiene la empresa hasta que sea compensada el siguiente año (regalo financiero innecesario e injusto).  ¿Quién deja de percibir este dinero?: de manera formal el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, que debe actuar de modulador financiero en los pagos; pero, de manera real, los hospitales de gestión administrativa, que acaban teniendo que soportar en su presupuesto la merma de recursos para atender a la demanda (tanto la propia como la derivada por los hospitales privatizados): al estrangular la financiación de los grandes hospitales se deteriora la asistencia de los pacientes propios, pero también de la alta especialización de todos. Sólo florece la salud financiera de los hospitales privatizados.

Y el concurso plantea unas cuantías heterogéneas e inmotivadas: no explica porqué un habitante de Vallecas o de Aranjuez tienen asignados per-cápitas diferentes; y por supuesto no hay análisis de costes históricos o series históricas de datos de derivaciones inter-centros.

Y, finalmente, se diseña un trasvase de personal concebido para aligerar costes a las nuevas empresas, y concederles todos los grados de libertad posibles para que reduzcan ulteriormente más costes salariales y de personal. Para los sanitarios fijos del servicio público (funcionarios y estatutarios) se ofrece un éxodo a destinos inciertos (o el sometimiento a la nueva autoridad hospitalaria); para los interinos y eventuales queda la rendición incondicional o el destierro al desempleo.

En estas condiciones no es de extrañar que se vayan produciendo recursos e impugnaciones en todas las líneas de acceso al poder judicial. Y otras Consejerías de sanidad (incluidas las del mismo signo político) ante semejante desmesura, optan por trazar cortafuegos para no verse afectados por un conflicto in crescendo.

La apertura de los sobres en el concurso aporta nuevas sorpresas: emparejamiento perfecto entre ofertas y hospitales (cero solapamientos, y cada oveja con su pareja). La competencia entre empresas puede parecer perfecta en su formalidad administrativa, pero se revela como inexistente cuando se observan estos resultados prácticos: por mucho menos que eso los tribunales de la competencia sacan la tarjeta amarilla o roja. Las probabilidades de que tres empresas se adjudicaran 6 hospitales sin chocar en ningún caso, es menor que el 1%... si se tratara de pruebas de parternidad, cualquier tribunal diría que sin lugar a dudas ha habido un padre institucional de esta criatura.

Todo esto aderezado de modificaciones del concurso para hacerlo menos gravoso… para las empresas, reduciendo dramáticamente las finanzas en pleno proceso de presentación de ofertas; lo que además revela poca consideración y respeto para aquellas empresas que no estuvieran previamente involucrados en el selecto pool de solicitantes. Y cual tragicomedia aparece un adjudicatario pintoresco procedente de ultramar, al parecer altamente especializado en surfear contratos y eludir cargas fiscales; los empresarios sanitarios privados españoles se santiguan al ver como compañeros de viaje estos nuevos competidores, que al parecer entran a concursar sin haberse leído bien los pliegos, como atestigua la peregrina idea de desarrollar turismo sanitario para Marruecos desde la plataforma de los hospitales externalizados…

A estas alturas la Comunidad de Madrid está en plena fuga hacia adelante; no importa que el plazo de depósito de fianzas termine; se alarga a conveniencia para que entre el último de los tres concursantes… tampoco importa mucho que la adjudicación exprés equivoque los CIF de las empresas nuevas, poniendo el de las viejas constructoras… error administrativo.

Y llegó la nueva suspensión cautelar del Contencioso-Administrativo con los calores de Septiembre y el aroma de vuelta al cole; coincidiendo con el discurso del estado de la región. Y ahora resulta que los magistrados y jueces, cuando no dan la razón a la Consejería de Salud hacen política y son indignos.

A estas alturas todos se dan cuenta de la senda impracticable que ha ensayado la Consejería de Salud; van a la contra de todo el mundo; y o no se percatan (difícil), o les da lo mismo (sorprendente), o no son capaces de sacar la pata una vez que la han metido (el pecado de la soberbia y la vanidad siempre acecha). Para los que no crean en las anteriores explicaciones, siempre queda recurrir a los intereses personales y el efecto deletéreo que tienen las “amistades peligrosas” en el mundo de la política. No pretendo ofender, pero el currícula de anteriores Consejeros llevaría a cualquier hombre justo y prudente a hacer un escrutinio de las salidas laborales en los próximos cinco o seis años de los actuales promotores de la actual privatización; por supuesto que presentaré mis excusas si mis malos pensamientos no se concretan (lo que deseo fervientemente).

La situación recuerda al automovilista que conducía en sentido contrario por una autopista, y pensaba que todos estaban equivocados. Alguien debería corregir el rumbo; a ser posible antes de que los electores lo hagan. ¿No queda sentido común en el Partido Popular de Madrid?

Cierro estas reflexiones con unos párrafos de gran nivel discursivo del auto de suspensión del Tribunal Contencioso Administrativo de Madrid, de 2 de Septiembre (el subrayado es mío).

Al margen de que esta cuestión [que la gestión privada de la asistencia sanitaria reduciría costes] resulta una incógnita en el momento actual (existen datos sobre países en los que la gestión privada de su sistema sanitario no ha supuesto un ahorro por, entre otros factores, la interposición de más operadores) y al margen, también, de que no se entienda bien cómo los responsables de la Administración, encargados de la gestión pública de este servicio esencial, asuman sin más su incompetencia para gestionarlo con mayor eficiencia, lo cierto es que, en un supuesto tan particular como éste, asiste la duda al plantearse si el interés general se concreta en ese ahorro de costes que proclama la Administración o si, por el contrario, el interés general demanda el mantenimiento del sistema que ahora se pretende cambiar.

Pues eso; que los que se declaren incompetentes para gestionar el servicio público de salud, que dejen este sector a los muchos que creen que la gestión pública no es el problema sino la solución. La buena gestión del servicio público es el reto; y la reactivación del profesionalismo sanitaria es el instrumento. La solución está en la micro-gestión responsable, no en la meso-gestión comercial.