¿Pago en función del uso de los Servicios públicos?: el cambio tecnológico abre nuevos debates sobre la equidad.

Hoy se debate sobre pagar una pequeña cantidad por el uso de autopistas para cubrir su mantenimiento. Algunos opinan apresuradamente que sería poco práctico, porque el sistema de recaudación (peajes) tendría un gran coste y consumiría todo lo recaudado (salvo que se subiera la tasa a límites poco razonables).

Pero el cambio tecnológico ha alterado esta realidad: si miramos a MADRID-CENTRAL, vemos que ha sido técnicamente viable un complejo sistema de lectura automática de matrículas de vehículos que entran o salen de una zona geográfica, de imposición de sanciones si no figuran en la lista de residentes o invitados, y de anulación de la sanción si usan un aparcamiento público en el intervalo de tiempo entre entrada y salida de la zona.

Los costes de transacción (cobro, control, gestión…) han disminuido tanto por el cambio tecnológico, que han modificado una de las razones clásicas y habituales para descartar los copagos en los servicios públicos: su inviabilidad práctica (que el collar salga más caro que el perro). El mercado no es capaz de gestionar bienes y servicios donde no hay rivalidad ni capacidad de excluir al que no paga. En el caso de las vías públicas, lo esencial hasta ahora ha sido lo segundo.

¿Significa esto que a partir de ahora EL QUE USA LOS SERVICIOS DEBE AFRONTAR SU COSTE?

• Hay un tipo de respuesta visceral e interesadamente ingenua que tiene poco valor para la reflexión: la de aquellos que odian pagar tasas y que aducen que “el Estado” debe hacerlo (sin querer reconocer que Hacienda somos todos, y en este caso los otros ciudadanos).
• Tampoco vale mucho el posicionamiento antagónico: dado que yo no uso los servicios, que el que los use los financie (¡el que la hace, la paga!)

Lamentablemente toca pensar más y mejor sobre los criterios de financiación de los diferentes servicios públicos; y según decaigan los costes de transacción deberemos aprender a conducir debates sobre equidad en otros términos: ¿Quiénes pagan?; ¿Quiénes se benefician?; ¿Qué efectos externos tiene el uso o no uso de los servicios públicos en otros ámbitos sociales y económicos? Y, sobre esta base, conducir un análisis sobre justicia social e interés general que determine el efecto sobre la eficiencia social y la equidad. Y, ya luego… la decisión política informada.

En la gran mayoría de los servicios sanitarios el fuerte intervencionismo público en la financiación (y en la provisión) no ha dependido históricamente de la dificultad para facturar servicios (aunque los países donde funciona plenamente el mercado muestran disparatados costes de transacción); se puede excluir al que no paga, aunque sea caro, pero la sociedad considera mayoritariamente que la mejor opción de justicia social es que el acceso y utilización de los servicios sanitarios dependa de la necesidad, y no de la capacidad de pago: APORTAR SEGÚN RENTA, UTILIZAR SEGÚN NECESIDAD.

Esta ha sido una buena solución en términos de justicia, y también en el de eficiencia, ya que los esquemas integrados de sistemas públicos de salud han aportado beneficios en salud y en prosperidad a un coste mucho menor que lo que pueda hacer el mercado.

Pero los servicios sanitarios públicos son un enorme y diverso conjunto de prestaciones, con diferente nivel de necesidad y relevancia para la vida y el bienestar. La capacidad tecnológica de establecer tasas o copagos con costes de transacción muy bajos (ver el alambicado sistema de copago de medicamentos que tenemos actualmente) muestran que el debate futuro será mucho más específico y abrirá enormes controversias para las que no estamos preparados (¿salud bucodental, fertilización in vitro, uso inapropiado de urgencias, medicamentos de escasa efectividad…?)

Es fácil ser solidario y dar todo a todos cuando ese TODO es barato; cuando el coste se dispara la solidaridad se debilita rápidamente. En vez de proclamas inespecíficas para defender lo público, debemos empezar a activar la corteza cerebral para los debates futuros, donde habrá de legitimar la financiación colectiva de un conjunto de bienes y servicios en base a criterios de equidad e interés general.